Martes, 08 Mayo 2018 00:00

Cuerpos de seguridad cometieron más de la mitad de los homicidios de marzo en Ciudad Guayana

 
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El número de fallecidos por resistencia a la autoridad durante marzo de 2018 aumentó 190% al compararlo con el mismo período de 2017 El número de fallecidos por resistencia a la autoridad durante marzo de 2018 aumentó 190% al compararlo con el mismo período de 2017 FOTOS GERMÁN DAM V.

De los 57 homicidios ocurridos durante el tercer mes del año en el municipio Caroní, 29 ocurrieron a manos de funcionarios estatales. Ello implica, además, un incremento de 190 % de estos casos con respecto al mismo mes de 2017.

@gedv86

Las cifras del equipo de Monitor de Víctimas Bolívar revelan que de los 57 homicidios ocurridos en el municipio Caroní durante el tercer mes de 2018, 29 se cometieron bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. De estas 29 muertes, 23 fueron a manos del Cicpc.

Durante el mes de marzo se registraron 57 homicidios en Ciudad Guayana. Según reportes de Monitor de Víctimas, 74% de los casos (42) tuvo lugar en San Félix, mientras que 26% (15) ocurrió en Puerto Ordaz.

Con base en el levantamiento de datos realizado durante esos 31 días por el equipo de Monitor de Víctimas, se pudo precisar que 99% de las víctimas (56) eran de sexo masculino y solo una era de sexo femenino. Sobre las características de los fallecidos, 56 de los asesinados eran civiles y uno era funcionario, específicamente de la Policía del municipio Caroní.

Cabe resaltar que 53 de los 57 hechos de sangre registrados en Ciudad Guayana (93%) se perpetraron con armas de fuego, mientras que en otros 3 casos (5%) se emplearon armas blancas. Apenas en un caso (2%) fueron utilizados objetos contundentes y fuego para ultimar a la víctima.

  Douglas Rico
Según el comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, no puede llamarse homicidio una muerte producida en medio de una resistencia a la autoridad
 

Más por la autoridad que por el hampa

Un dato que destaca en las estadísticas colectadas durante marzo en Ciudad Guayana es que 29 de las muertes (51%) ocurrieron supuestamente bajo la figura de “resistencia a la autoridad”; es decir, hubo más decesos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado que por la delincuencia. De estos casos:

- 23 (80%) fueron a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

- 3 (10%) fueron por la Policía del estado Bolívar (PEB).

- 2 (7%) fueron por la Policía del municipio Caroní (PMC).

- 1 (3%) fue por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los móviles de los 28 homicidios restantes -cometidos tanto por la delincuencia común como por la delincuencia organizada- fueron: 18 por venganza (32%), 7 por robo (12%), y 3 por motivos aún desconocidos por las autoridades encargadas de esclarecer los casos (5%): Ministerio Público y Cicpc como órgano auxiliar.

Unare, la parroquia más violenta

Ciudad Guayana está conformada por 11 parroquias, y según el levantamiento de datos sobre homicidios realizado por el equipo de Monitor de Víctimas–Bolívar hubo un total de 57 casos distribuidos de la territorialmente de la siguiente manera:

- Unare (Puerto Ordaz): 16 homicidios.

- Simón Bolívar (San Félix): 14 homicidios.

- Chirica (San Félix): 7 homicidios.

- Vista al Sol (San Félix): 6 homicidios.

- Dalla Costa (San Félix): 5 homicidios.

- 11 de Abril (San Félix): 5 homicidios.

- Yocoima (San Fèlix): 2 homicidios.

- Pozo Verde (San Félix): 1 homicidio.

- Universidad (Puerto Ordaz): 1 homicidio.

- Cachamay (Puerto Ordaz): 0 homicidios.

- 5 de Julio (San Félix): 0 homicidios.

En cuanto al rango de edades, la distribución de las víctimas queda de la siguiente manera:

0 años – 11 años: 0 víctimas (0%).

12 años – 17 años: 1 víctima (2%).

18 años – 35 años: 34 víctimas (60%).

36 años en adelante: 6 víctimas (10%).

Edad desconocida: 16 víctimas (28%).

Letalidad policial en aumento

Según estadísticas manejadas por el diario Correo del Caroní, para marzo de 2017 se registraron 83 homicidios en Ciudad Guayana. Para entonces, solo 10 de las muertes ocurrieron bajo la figura de resistencia a la autoridad, lo que implica un aumento de 190% al compararlo con los 29 fallecidos bajo este móvil en 2018.

Respecto de esta situación, el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, manifestó durante un foro realizado en la UCAB-Guayana el pasado 15 de marzo que “se está institucionalizando una pena de muerte en un país donde no existe legalmente, y aun cuando existiera, debe haber un proceso penal, investigación, aprehensión y luego una decisión”.

En declaraciones ofrecidas a El Nacional sobre el incremento de la letalidad policial, Briceño León advirtió que tanto el delito como la acción del Estado están “desangrando al país”. “Los homicidios se mantienen con sus altibajos, pero el crecimiento de las muertes por parte del Estado persiste (…) cuando esto ocurre la sociedad se hace más violenta. La represión, la fuerza desproporcionada del Estado no disminuye la violencia”, precisó el sociólogo.

Jefe del CICPC: “No puedo llamar homicidio a una muerte por resistencia a la autoridad”

Al consultársele sobre esta particularidad en los datos colectados por el equipo de Monitor de Víctimas– Bolívar durante marzo, el comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, consideró que “no se le puede llamar homicidio a una muerte por resistencia a la autoridad, aunque evidentemente fallezca una persona”.

Obviando que el homicidio -proveniente del latin: homicidium, y compuesto por las palabras homo (hombre) y caedere (matar)- es la muerte causada por una persona a otra según la Real Academia Española, el funcionario pidió no generalizar. Alegó también que esta diferenciación la imparte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y que el Cicpc se rige por lo establecido en esta legislación, amén de la suscripción de tratados y acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Finalizó explicando que cuando ocurre una muerte por resistencia a la autoridad el funcionario actúa en nombre del Estado, pero después el Estado debe revisar esa actuación y volverse contra el funcionario e iniciar una investigación para determinar si realmente ocurrió una resistencia o si se trató de una simulación de hecho punible que terminó en homicidio. 

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