Lunes, 05 Febrero 2018 00:00

“Debe haber garantías electorales y separación de poderes para que haya elecciones”

 
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“La libertad y el respeto de los derechos fundamentales son una condición de los sistemas democráticos; en lo electoral son garantías mínimas” “La libertad y el respeto de los derechos fundamentales son una condición de los sistemas democráticos; en lo electoral son garantías mínimas” Foto William Urdaneta | Archivo

Se ha repetido hasta el cansancio que la convocatoria de elección presidencial por parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente constituye uno de los fraudes más dañinos a la democracia. El tema no debe fenecer, sin embargo, y por eso un grupo de profesores de Derecho Público y de organizaciones insisten en un comunicado, divulgado por Acceso a la Justicia, la necesidad de que la sociedad venezolana se una en la petición de un proceso con cuatro elementos: ajustado al tiempo, con un CNE independiente, sin ventajismo y con el compromiso de respeto a los resultados. Son voces que hacen sensatez en medio del vendaval.

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Ante el decreto constituyente sobre la convocatoria de elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del año 2018, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.361 Extraordinario, de fecha 23 de enero de 2018, emanado de la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, quienes suscribimos, profesores de Derecho Público de las escuelas de Derecho de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de diversas universidades del país, se pronunciaron al respecto con un comunicado que reproducimos a continuación:

La democracia comprende todos los elementos esenciales y componentes fundamentales contenidos en la Carta Democrática Interamericana. Las elecciones son un requisito necesario, pero no suficiente para definir una democracia. Las elecciones en todo caso deben convocarse y llevarse a cabo en respeto a los estándares universales de libertad, transparencia, igualdad e imparcialidad.

La libertad y el respeto de los derechos fundamentales son una condición de los sistemas democráticos; en lo electoral son garantías mínimas: el ejercicio libre del voto, que permita a los electores expresar su preferencia, sin manipulaciones, ni condicionamientos; el derecho a la asociación con fines políticos, la libertad de postularse como elegibles y la autonomía e independencia de los órganos del Poder Electoral, condiciones consagradas en nuestra Constitución vigente en los artículos 63, 67 y 294 y en instrumentos internacionales.

La inviolabilidad de esas disposiciones es un imperativo para el desarrollo de los procesos electorales, que no pueden ser usados fraudulentamente para distorsionar la voluntad del electorado.

Esas garantías no existen hoy en Venezuela, por la inconstitucional conformación del Consejo Nacional Electoral, las irregularidades en el Registro Nacional Electoral, la arbitraria inhabilitación de líderes políticos, su persecución y hasta encarcelamiento de algunos, la invalidación de las asociaciones con fines políticos, la ausencia de cronograma electoral, la negativa a la observación internacional objetiva e independiente, además de las irregularidades y ventajismos de los que se sirve el oficialismo durante la campaña electoral.

Una vez más, la ANC

El decreto de la írrita Asamblea Nacional Constituyente, además de los vicios que afectan a todos los actos de ese cuerpo convocado, elegido y operando en clara violación de la Constitución vigente, adolece del vicio de extralimitación de funciones, porque incluso si estuviera válidamente constituida y pudiera considerarse una legítima expresión del poder constituyente del pueblo, sus funciones estarían circunscritas a la redacción de un nuevo texto constitucional, como lo dispone el artículo 347 de la Constitución, careciendo de atribuciones para decretar la oportunidad en que deban celebrarse los procesos electorales.

La convocatoria para las elecciones presidenciales debe hacerse durante el 2018, en virtud de la culminación del período presidencial en curso.

La elección para un cambio de presidente es un clamor de los venezolanos, debido a la grave crisis humanitaria, económica y política, generada por las erradas políticas del actual gobierno. Sin embargo, para la realización del proceso electoral es necesario previamente el restablecimiento de las garantías electorales y la separación de poderes.

La reivindicación de esas garantías electorales ha sido una de las exigencias que la oposición le ha presentado al régimen durante el proceso de diálogo que se adelanta desde finales del 2017, con la asistencia de representantes de la comunidad internacional.

Propio de un régimen opresor es…

El desconocimiento y violación de todos los derechos ciudadanos ha sido una constante del régimen, evidenciada una vez más en el decreto publicado en la Gaceta Oficial del 23 de enero de 2018, con el cual se pretende impedir que se generen las condiciones necesarias para el ejercicio libre del voto, atentando una vez más contra la soberanía del pueblo venezolano, en violación de los derechos políticos consagrados expresamente en la Constitución vigente y considerados internacionalmente como derechos humanos fundamentales.

Ese decreto es un nuevo acto de fuerza, de un régimen opresor, un desconocimiento de los principios más elementales del Estado de Derecho que debemos reivindicar.

Como expresión de la sociedad civil exigimos al gobierno seriedad, responsabilidad y respeto a la Constitución vigente.

Hacemos nuestro el rechazo expresado por la comunidad internacional a ese inconstitucional decreto, que se publica estando en curso un proceso de diálogo, que debía servir de espacio de entendimiento para alcanzar consensos que permitieran adelantar acciones para superar la grave crisis humanitaria, económica y política que atraviesa el país.

La decisión de adelantar el proceso de las elecciones presidenciales, sin que estén dadas las garantías mínimas de respeto de la voluntad del electorado, lejos de contribuir a la búsqueda de una solución, agrava la situación y evidencia las pretensiones del gobierno de permanecer en el poder en contra de la voluntad del pueblo.

Rechazamos la imposición de un proceso electoral sin las debidas garantías, el atropello de los derechos políticos de los venezolanos y de sus aspiraciones de elegir un gobierno democrático, que atienda las necesidades de la población y desarrolle políticas en favor del bienestar de los venezolanos. (Acceso a la Justicia | Editado por Marcos Valverde)

Los firmantes

Andrade, Jesús María, profesor de la UCV

Ayala Corao, Carlos, profesor de la UCAB, individuo de número de la Academia
de Ciencias Políticas y Sociales

Angrisano Silva, Humberto J., profesor de la UMA y UCV

Blanco-Uribe Quintero, Alberto, profesor de la UCV

Brewer Carías, Allan R., individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Canova, González, Antonio, profesor de la UCAB

Chavero, Rafael, profesor de la UCAB-UCV

Correa Martín, María Alejandra, profesora de la UCV-UMA

García Soto, Carlos, profesor de la UCV-UMA

Grau, Gustavo, profesor de la UCAB y UCV

Hernández, José Ignacio, profesor de la UCAB-UCV

Kiriakidis, Jorge, profesor de la UCAB, UMA

Korody, Juan, profesor de la UMA

Louza, Laura, profesora de la UCV

Martínez, Alfredo, profesor de la Unimet

Monaco, Miguel, profesor de la UCAB

Nikken, Claudia C.I., profesora de la UCV

Orlando S. Freddy J., profesor de la UCV, UCAB

Palacios Márquez, Leonardo, profesor de la UMA y UCAB

Pérez Perdomo, Rogelio, profesor de la UCV, Unimet

Pérez Salazar, Gonzalo, profesor de la UMA

Pesci Feltri, Flavia, profesora de la UCV

Raffalli, Juan Manuel, profesor de la UCAB, UMA

Rodríguez, Armando, profesor de la UCV

Sánchez Falcón, Enrique, profesor de la UCAB-UCV

Santacruz, Andrea, profesora de la Unimet

Silva Aranguren, Antonio, profesor de la UCV

Sosa, Cecilia, profesora de la UCAB, individuo de número de la Academia
de Ciencias Políticas y Sociales

Toro, María Elena, profesora de la UMA

Tarre Briceño, Gustavo, profesor de la UCV- UCAB

Urosa, Daniela, profesora de la UCAB

Otros abogados y profesores universitarios

Hocevar, Mayda, profesora de la ULA

Nieto, Carlos, profesor de UJMV

Polesel, Bárbara, abogada de la UCAB

Sosa, José Armando, profesor de la UGMA Monagas

Colegios de abogados

Colegio de Abogados del estado Amazonas

Colegio de Abogados del estado Apure

ONG y defensores de DD HH

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados
de Venezuela del estado Mérida

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados
de Venezuela del estado Monagas

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados
de Venezuela del estado Táchira

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Codehciu

Movimiento Ciudadano Dale Letra

Movimiento Las Piloneras

Red Andina de DD HH (Radar)

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Una Ventana a la Libertad

Un Mundo Sin Mordaza

Weicsa Santos, defensora de DD HH en Apure

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